Juan Felipe Arcila, Barcelona, 17 de julio de 2011

[El Periódico Latino: http://elperiodicolatino.com.es/felipe1.htm]

La minería se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana y apunta a convertirse en una de las principales actividades económicas en los próximos años, lo que la hace atractiva a las transnacionales mineras que ya han ingresado al país con miles de millones de dólares destinados a la exploración y explotación de recursos naturales. Las más grandes compañías del mundo en materia minera provenientes de Norteamérica, Canadá y Europa tienen presencia en Colombia.

Pero más que riqueza y prosperidad han llevado atraso y miseria a las poblaciones. Transnacionales inglesas como AngloGold Ashanti, BHP Billinton, Rio Tinto, Anglo American PLC, Cambridge Mineral Resources y suizas como Glencore, Xstrata así como otras de origen norteamericano y canadiense, han dejado de pagar al estado colombiano más de 160 millones de dólares [1] por concepto de regalías por la extracción de los recursos naturales, negando a los municipios los presupuestos necesarios para garantizar el bienestar de su población, con consecuencias tan aberrantes como las del Departamento de Córdoba donde 60 de cada 100 habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas o el Departamento de la Guajira donde son 65 de cada 100 [2]. Paradójicamente las regiones mineras con presencia de empresas transnacionales presentan las peores condiciones sociales y económicas del país. Pero en materia laboral las grandes compañías mineras tampoco contribuyen al empleo digno de los pobladores: les han quitado el derecho de explotación a pequeños y medianos mineros obligándoles a formar parte de sus filas de trabajadores a quienes contratan en condiciones laborales precarias de sobreexplotación y causándoles irreparables problemas de salud, dado que los riesgos nocivos de la actividad minera no son reconocidos por las compañías para no incurrir en gastos médicos adecuados. Las huelgas son cada vez más recurrentes y los paros de trabajadores se extienden por semanas.

En lo referente a derechos humanos la situación no es diferente, pueblos enteros se ven abocados al desplazamiento para abrir paso al “progreso” del carbón y el ferroníquel, valga mencionar el caso de “El Cerrejón” que ha generado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas Wayuu y afrocolombianas, Corregimiento de Tabaco del que 1.200 habitantes fueron obligados a salir de su territorio por mandato de la explotación minera de empresas transnacionales, dejando a las comunidades en condición de aislamiento y a merced del empobrecimiento por la pérdida de sus actividades de sustento. Sobre algunas compañías mineras existen denuncias de alianzas con grupos paramilitares que atentaron contra comunidades y líderes de organizaciones sindicales: la explotación carbonífera “El Cerrejón” en la Guajira se ha implantado en el territorio mediante desplazamiento, violencia y paramilitarismo. El Cerrejón es el resultado de la fusión empresarial entre BHP Billiton, Anglo American Plc y Xstrata [3].

La lista de reclamos contra las compañías mineras es protuberante. Por estos días dos casos unen a los colombianos en multitudinarias protestas en contra de las minas de oro a cielo abierto de las compañías Medoro Resources en el municipio de Marmato (Departamento de Cladas), y de Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca, (Departamento del Tolima). En el primer caso, pretenden destruir el casco urbano de la población, incluida alcaldía, iglesia, escuelas, hospital y viviendas, causando un auténtico desplazamiento humano a cambio de la explotación de oro. Y en el segundo, dejaría sin agua sufíciente a una amplia región que se surte del río Coello dado que el recurso hídrico se agotó en la zona donde AngloGold pretende explotar oro, por lo que el agua apenas alcanza para el consumo humano y para las actividades agropecuarias. Todo un despropósito. ¿Cuál es el límite de estas compañías?

Pero por otra parte, la legislación colombiana en materia minera se aleja cada vez más de sus intereses nacionales y apunta a convertirse una economía absolutamente dependiente de la explotación de los recursos naturales en beneficio de las empresas extranjeras. La legislación minera se ha modificado progresivamente con asesoría del Banco Mundial, la OEA y otras entidades multilaterales [4], imponiendo el contrato de concesión como única forma de explotación de los recursos naturales y dando al Estado la función de facilitador y fiscalizador del aprovechamiento minero, dejando el negocio al capital financiero internacional - como es el caso del Citigroup que participó en la operación financiera para la compra de la empresa estatal Carbocol por parte de Intercor (Propiedad de Exxon Mobil) [5].

El acondicionamiento de las políticas mineras en Colombia es el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del Gobierno que transan con avezados negociantes de las grandes compañías o simplemente de seguidores del modelo neoliberal. Da mucho que pensar que el ex - ministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres (2006 – 2010) provenga del sector minero y petrolero trasnacional, fue por 16 años presidente de Intercor donde representó los intereses de Exxon Mobil en el complejo Carbonífero de la Guajira. Otro caso, Alberto Calderón Zuleta ex presidente de Ecopetrol, principal accionista de Carbocol antes de su privatización y que ahora se desempeña como alto ejecutivo de la transnacional BHP Billiton. Y para terminar, sobran las palabras después de conocer las declaraciones de Juan Carlos Santos, Director Corporativo de la transnacional minera Medoro Resources – familiar del actual presidente colombiano Juan Manuel Santos – quien ha afirmado en lo referente al Gobierno, que en este tipo de negocios todo “termina siendo un asunto de dinero”[6] (Julio 2011), este mismo personaje esta detrás de las crueles intenciones de destruir el municipio de Marmato.

En tales condiciones, engañan las cifras que indican la fuerza minera exportadora de Colombia porque todo el negocio está en manos de transnacionales extranjeras que dominan la extracción y exportación de recursos naturales, por lo que en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que adelanta Colombia con la Unión Europea la minería no será una actividad que beneficie en términos reales a la economía colombiana sino a las mismas compañías europeas. Si bien es cierto que la mayoría de transnacionales europeas presentes en Colombia son inglesas y suizas, también existen intereses por parte de empresas Alemanas en el carbón colombiano. El TLC tiene un marcado interés en mantener e incrementar el control que estas compañías han venido ejerciendo sobre las riquezas naturales de los colombianos, con el principal objetivo de asegurar la continuidad de sus actividades y garantizar que sus inversiones y ganancias sean protegidas por acuerdos que estén por encima de las definiciones constitucionales colombianas. Con la puesta en marcha el TLC entre Colombia y la Unión Europea se menoscaba la capacidad de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo para tomar decisiones y emprender políticas acordes con las necesidades internas del país, dando derechos superiores a los inversionistas foráneos y menoscabando la soberanía nacional. Recordemos que el TLC es impulsado por organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuya lógica es, entre otras, dar vía libre a los proyectos mineros pasando por alto las raíces económicas, sociales y culturales de las poblaciones donde se implantan, entre otras cosas porque dichos organismos representan los intereses del sector financiero y transnacional, por lo que seguir sus directrices neoliberales implica profundizar aún más en la expoliación de los recursos mineros de Colombia.

El rechazo a la gran minería transnacional es cada vez mayor, como la frecuencia y magnitud de la protestas mineras en Colombia que han arrojado resultados positivos, como el triunfo de las movilizaciones en defensa del recurso hídrico del Paramo de Santurban en el Departamento de Santander en donde la Greystar tuvo que renunciar a su proyecto minero.

Nota: En el 2010 las exportaciones mineras entre carbón, oro y ferroníquel superaron los 9.000 millones de dólares [7] ,que es precisamente lo que necesita el gobierno colombiano para prevenir las catástrofes causadas por las lluvias, como las que recientemente sufrieron sus gentes con la última la ola invernal y que dejó más de 3 millones de damnificados.

[1] Diario Portafolio http://www.portafolio.co/economia/multinacionales-deben-dinero-regalias-...

[2] Fernández, Juan. BHP Billiton: Minería, saqueo y subdesarrollo. Recalca, Marzo de 2009.

[3] Exposición presentada al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, el Centro Europa Tercer Mundo y la Asociación Americana de Juristas http://www.choike.org/documentos/colombia_onu2007.pdf

[4] Plan Nacional para el Desarrollo Minero http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf

[5] Revista Dinero “El peor negocio que ha hecho Colombia” http://www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/el-peor-negoc...

[6] Ver video documental sobre minería transnacional en Colombia http://www.youtube.com/watch?v=yCpYf8B1vYs

[7] Portal de información minera colombiana http://www.imcportal.com/contenido.php?option=showpagecat&scat=7